El Partido Socialista Obrero Español, en el poder actualmente, y el Partido Popular han presentado sendas querellas contra el nuevo partido de la izquierda abertzxale, Sortu. Desde la previsión de que ETA iba a dejar las armas, han sido numerosos los partidos que se han adelantado a condenar la violencia de la banda terrorista, requisito indispensable para que puedan presentarse a las elecciones municipales.
Sin embargo, pese al cese de la violencia permanente que anunció la banda terrorista y la condenación de ésta por parte de los partidos afines a la independencia de Euskal-Herria tanto el gobierno como la oposición se han abalanzado sobre estas formaciones que abogan por un Estado democrático. Mientras tanto, los dos principales partidos, que desde hace lustros, se turnan en el poder, no hacen más que poner escollos a este tipo de formaciones regionales, las únicas capaces de arrebatarle el poder en las provincias y llegar a tener una representación parlamentaria considerable.
El celo que guardan estos partidos a esta clase de formaciones ya no se refieren en tanto alguno al apoyo político de la banda terrorista, sino más bien al temor de la representación parlamentaria que puedan conseguir. Si se tratase de condenar formaciones políticas poco éticas este requisito se hubiese ampliado a partidos que no condenan el franquismo, como la Falage Española de las Jons o el propio Partido Popular. No hay que olvidar que dicho partido desciende de Alianza Popular, un partido que fundó Manuel Fraga, ministro franquista. El problema es que los partidos abertzales son los únicos capaces de romper el bloqueo político de las grandes formaciones, que comenzó con la reforma de ley provincial que votaron ambos partidos. A lo que asistimos no es una lucha a favor de la democracia, sino en contra de ella y nosotros, pobres ingenuos, lo observamos impasibles.
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